Pilotos del Sistema de Lucha Antigranizo retoman su reclamo por “Fraude Laboral” contra el Gobierno de Mendoza

Con el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo a principios de Diciembre de 2016 entre los pilotos de la lucha antigranizo -agremiados en APLA- y el Gobierno de Mendoza, los aviadores retoman el reclamo: “blanquear su labor pasando a la planta de empleados del Estado” (desde el 2005 lo hacen por contrato, siendo esto una clara violación del Código Aeronáutico de la República Argentina donde dice que los explotadores deberán emplear a los pilotos en el régimen de las leyes de trabajo vigente.)

 

A principio de 2016 los pilotos fueron recategorizados como contribuyentes, pasando de ser “monotributistas” a “responsables inscriptos” pero, como la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) es IVA exento, los trabajadores empezaron a sufrir los descuentos del IVA, además de otras cargas impositivas como Ganancias, y por ser “locadores de servicio” deben hacerse cargo de todos los adicionales como viáticos, vacaciones y aguinaldo.

Lo grave de todo esto mas allá del perjuicio económico para el bolsillo de estos trabajadores que literalmente arriesgan sus vidas, volando donde ningún piloto en un vuelo normal lo hace, es que el Gobierno de la Provincia de Mendoza esta violando el “Codigo Aeronáutico”. Hay que recordar que desde el inicio de la lucha antigranizo, hace 11 años, los pilotos que prestan el servicio se rigen bajo el sistema de contratos.

“Al principio nos hicieron contrato como locadores de servicios, teóricamente le vendemos servicios al Estado pero estamos trabajando en máquinas del Estado, con provisión de material pirotécnico del Estado. Lógicamente que no estamos encuadrados donde tenemos que estar, mucho menos si nos dirigimos a lo que es el Código Aeronáutico de la República Argentina donde dice que los explotadores deberán emplear a los pilotos en el régimen de las leyes de trabajo vigente”, explicó Oscar Charparín, delegado gremial de APLA.

Marcelo Japaz, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, aseguró a diversos medios de comunicación que “no hay nada que el Gobierno de Mendoza pueda hacer en este momento”, que “el Estado entiende la situación”, pero que “los propios trabajadores firmaron a principio de año un contrato en el que asumieron la responsabilidad de pagar los impuestos”. El funcionario del ejecutivo argumentó además en un diario provincial, que el 1 de enero se debe redactar el contrato para 2017 y “se podría llegar a una solución en esa instancia”.

El comunicado emitido por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), explica que: “Durante meses hemos actuado con una enorme responsabilidad buscando soluciones en la mesa de diálogo a nuestros reclamos por la afectación de nuestros salarios por disposiciones impositivas, de recomposición salarial y para que finalmente se ponga en vigencia el Estatuto del Personal Aeronáutico” y agrega, “el Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Marcelo Japaz, expresó en reiteradas ocasiones el compromiso de trabajar en conjunto a APLA y de realizar las gestiones necesarias para mejorar las condiciones laborales de los afiliados de la DACC. Sin embargo, una y otra vez, el Gobierno provincial ha incumplido sus promesas, manteniendo una inusual intransigencia que imposibilita cualquier tipo de avances hacia un entendimiento entre las partes.”

A todo esto, no se puede dejar de remarcar las desafortunadas manifestaciones del jefe de Gabinete, Marcelo Japaz, -publicadas por Lautaro Jimenez el pasado 30 de Diciembre- que afirmó que de acceder a sus reclamos, los pilotos “terminarían ganando más que el ministro”. Una verdadera mentira ya que los ministros cobran un sueldo equivalente al 94% del sueldo del gobernador (estimado entre 52 y 54 mil pesos en mano, y $74 mil en bruto), mientras que desde APLA remarcan que actualmente un comandante sin cargo no supera los $37.400, y uno con cargo llega a $ 39.000. De parte del paritario oficial del gobierno, José Cortés, señalaron que si “desde el 23 no hubiera siembra de nubes ante una tormenta, se les puede rescindir el contrato” (en declaraciones al diario Los Andes del 20 de diciembre 2016) una amenaza directa de despidos que intenta coartar el derecho a huelga.

Tal vez, para hacer entrar en razón al Sr. Marcelo Japaz, habría que llevarlo a volar a un milla de distancia de un Cumulonimbus en un Piper Cheyenne, a ver si sigue opinando lo mismo.

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